“Un proyecto de reforma por decreto de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, como el que se dio a conocer ayer, modifica por completo la ley, producto de amplios acuerdos. Al mismo tiempo, el uso del decreto como vía para hacerlo, evita el Congreso, que es el ámbito en el que se deben dar estos debates”.
“La Ley Nacional de Salud Mental fue producto de amplios consensos y cambió el paradigma manicomial por un abordaje desde los derechos humanos que restituyó derechos. Por el retroceso gravísimo que implica, solicitamos al presidente de la Nación Mauricio Macri que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de usuarios/as de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”.